Varios alcaldes del PP, como los de Valladolid y León, apelaron
ayer a la objeción de conciencia para decir que no celebrarán bodas
homosexuales, mientras que el presidente de la Subcomisión de
Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, el obispo de Castellón,
Juan Antonio Reig Pla, instó a la «desobediencia civil» de los
regidores católicos.
El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, añadió que
«no existe una cláusula de conciencia en la Constitución que diga
que las leyes sólo se obedecerán cuando estén de acuerdo con la
conciencia de cada uno».
La postura más radical llegó desde la localidad barcelonesa de
Pontons, cuyo alcalde, el popular Lluís Caldentey, aseguró que no
casará a homosexuales y opinó que «un gay es una persona tarada,
que nace con una deformación física o psíquica».
Su partido lo desautorizó y anunció que lo expulsará, mientras
que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó
que los titulares de los poderes públicos están obligados a cumplir
la ley y que «no cabe alegar la objeción de conciencia».
El arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, por su
parte, dijo que si se obedece antes a la ley que a la propia
conciencia, «esto lleva a Auschwitz». Para Carles «no eran
delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se
forzó o que creyó que tenían que obedecer primero a las leyes del
Gobierno nazi que a su conciencia».
El origen de la polémica se remonta al pasado viernes, cuando el
cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Alfonso
López Trujillo, recomendó a los funcionarios españoles que se
acogieran a la objeción de conciencia ante el matrimonio gay.
Mientras muchos alcaldes del PP contrarios a la reforma del Código
Civil que se tramita en el Parlamento manifestaron que cumplirán la
ley, varios avanzaron que no celebrarán bodas entre personas del
mismo sexo.
El regidor de León, Mario Amilibia (PP), apeló a su conciencia
para negarse, aunque delegará en otros ediles, mientras que el de
Valladolid, Javier León de la Riva, aseguró que el ministro de
Justicia no le puede obligar a casar a homosexuales ni a delegar la
competencia.
Sin entrar en cuestiones de conciencia, el fiscal general del
Estado, Cándido Conde Pumpido, señaló que «las leyes están para
cumplirlas». Para el responsable de movimientos sociales del PSOE,
Pedro Zerolo, si un alcalde rechaza celebrar un matrimonio gay y se
niega a delegar esa función en otro concejal también
prevaricaría.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.