La Generalitat propone incluir en el Estatut un nuevo modelo de
financiación autonómica de «inspiración federal» con una agencia
tributaria propia consorciada o coordinada con la estatal y la
recaudación y capacidad normativa sobre todos los impuestos, con
una cesión al Estado no superior al 50 por ciento.
Asimismo, se establece el plazo de un año, a partir de la entrada
en vigor del nuevo Estatuto catalán, para «acordar» con el Estado
el sistema de financiación de la Generalitat y, aunque el documento
habla de que la aplicación será gradual, marca un máximo de «cinco
años» para su puesta en marcha. El conseller Castells quiso dejar
claro que aunque la propuesta es «ambiciosa, no pedimos la luna»,
ya que está dentro de los límites de la Constitución española,
«utilizando al máximo los márgenes que permite» la Carta Magna.
Los consellers de Economía, Antoni Castells (PSC), Relaciones
Institucionales, Joan Saura (ICV-EUiA), y Comercio, Turismo y
Consumo, Josep Huguet (ERC), presentaron ayer la propuesta
consensuada por el tripartito sobre financiación autonómica.
Castells explicó que esta propuesta es de «inspiración federal»,
basada en los principios de autonomía sobre ingresos y en el de
solidaridad con el resto de autonomías, y que contempla un
horizonte de 15 años para obtener unos ingresos similares a los que
proporciona el sistema de concierto de las comunidades forales.
El documento, revisado jurídicamente por el Instituto de
Estudios Autonómicos pero que no lleva su sello para preservar esta
institución como espacio neutral de acuerdos futuros con CiU, aboga
por que Catalunya tenga «la capacidad normativa y la
responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos
estatales». También reivindica «participar en los rendimientos» de
estos impuestos, potestad que permitiría a la Generalitat
«intervenir en la fijación de los elementos esenciales de los
tributos y especialmente en la determinación de sus tipos
efectivos».
En cuanto a la cuota de solidaridad, la Generalitat quiere
seguir contribuyendo a ella, pero delimita que «los recursos
aportados o recibidos a esta solidaridad se establecerán atendiendo
a sus necesidades de gasto y a su capacidad fiscal, determinada en
relación a la media de las comunidades autónomas y con el grado de
progresividad que se determine».
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