La ilegalizada Batasuna planteó ayer al lehendakari en funciones,
Juan José Ibarretxe, la apertura de un «proceso de paz», en una
reunión que fue censurada por el Gobierno y el PP por considerar
que va en contra del Estado de derecho. Los dirigentes de la
formación abertzale Arnaldo Otegi y Pernando Barrena mantuvieron
ayer con Ibarretxe una reunión de dos horas, después de que éste
celebrase la semana pasada una ronda con todos los partidos que
obtuvieron escaño en las pasadas elecciones y dos días antes de
entrevistarse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.
Tras la reunión, el presidente de la ilegalizada Batasuna,
Pernando Barrena, explicó que la propuesta de su formación es la
apertura de un «proceso de paz sin exclusiones», incluyendo a
Navarra y el País vasco-francés y a todas las ideologías. Consideró
que en estos momentos existe una «oportunidad de oro» para abrir
las condiciones políticas que posibiliten un proceso de paz que, en
su opinión, debe sustentarse en la «no exclusión» ni territorial ni
de ninguna fuerza política, así como en el reconocimiento al
derecho de los ciudadanos vascos a ser consultados.
En este sentido, consideró que Navarra y las instituciones de
esta comunidad deben tener «un protagonismo especial». Barrena
explicó que en el encuentro pidieron a Ibarretxe que sea un «activo
y juegue un papel importante» en la apertura de un proceso de paz y
de un diálogo multipartito desde la responsabilidad institucional
que tiene.
Pidió la apertura de contactos entre ETA y los gobiernos español
y francés para «abordar las consecuencias lamentables del
conflicto, en lo que se refiere a presos, desmilitarización y
víctimas». El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino
Luesma, criticó la celebración de esta reunión porque, dijo, «choca
con el más elemental respeto a las decisiones de los Tribunales y a
los principios del Estado de derecho». Luesma lamentó que Ibarretxe
haya «brindado hoy a la sociedad vasca una fotografía que es, como
mínimo, difícilmente entendible», ya que «recibir a los portavoces
de un partido ilegalizado no es compatible con el principio de
legalidad».
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