El Gobierno consideró ayer la decisión judicial de encarcelar al
líder de Batasuna Arnaldo Otegi un paso más para acabar con la
banda terrorista ETA, medida que para el PP es un motivo más para
la ilegalización del PCTV y que para la plataforma ilegalizada es
un «portazo a las ansias de paz».
Así, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Fernando
López Aguilar, expresó su respeto al auto de prisión y señaló que
se trata de «un paso más en la determinación de todas las
instituciones para acabar con ETA».
La portavoz del Gobierno vasco en funciones, Miren Azkarate,
dijo que «hay actuaciones de la Audiencia Nacional que no se
liberan de la sospecha de que estén motivadas por un impulso
político», en tanto que el resto de fuerzas nacionalistas también
criticaron esta decisión judicial.
Otegi pasó su primera noche en una celda compartida de Soto del
Real, después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Grande-Marlaska ordenara su ingreso en prisión por un presunto
delito de integración en la banda terrorista ETA.
Esta decisión fue tomada después de que el líder de la
ilegalizada Batasuna declarara ante el juez como imputado en una
supuesta financiación de ETA a través de las «herriko
tabernas».
Otegi, que puede eludir la prisión si paga la fianza que le
impuso el juez de 400.000 euros, fue trasladado esta tarde al
módulo de aislamiento por motivos de seguridad, un departamento en
el que se le restringen los movimientos y los contactos con otros
internos.
Destacó que esta decisión se enmarca en «el compromiso de todos
los poderes públicos de actuar, cada uno en su ámbito de
responsabilidad, contra el enemigo común, ETA, y todo lo que le
rodea, todo ese aparato de propaganda y de extorsión».
Preguntado por la posible ilegalización de EHAK, subrayó que la
Ley de Partidos «está vigente y nos vincula», por lo que «en cuanto
existan indicios que pongan de manifiesto una incursión en esta
Ley, en los supuestos de ilegalización que establece, los órganos
del Estado actuarán: el Gobierno a través de la Abogacía General y,
con toda seguridad, también la Fiscalía General». En el mismo
sentido se expresó el PSOE por medio de su portavoz en el Congreso,
Alfredo Pérez Rubalcaba, quien desvinculó esta decisión judicial de
la posible ilegalización del PCTV.
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