Vista de la reunión de ayer de la comisión del 11-M.

Vista de la reunión de ayer de la comisión del 11-M.

AgenciasMadrid09/06/05 0:00
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La presentación de las propuestas de conclusiones de los grupos a la comisión 11-M confirmó ayer que todos los grupos, salvo el PP, censuran la actuación del anterior Gobierno antes y después de los atentados, aunque intentarán que esas críticas no impidan un consenso sobre recomendaciones de seguridad.

Por su parte, el PP sigue poniendo el énfasis en los puntos que, a juicio de sus dirigentes, quedan por aclarar, el más relevante de ellos la autoría intelectual de los atentados, así como la critica a la decisión del resto de los grupos de no seguir investigando.

Por ello, la expresión más concreta de esa censura, la reprobación política que propone ERC del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y de varios altos cargos del anterior Ejecutivo, no parece que tenga visos de prosperar, ya que grupos como el PSOE e IU-ICV se han declarado más dispuestos a mirar hacia adelante para propiciar el consenso.

Aunque los socialistas no parecen dispuestos a exigir una depuración de responsabilidades políticas tan expresa como la que proponen otros grupos, en sus conclusiones si hacen un diagnóstico muy crítico de la actuación del anterior Gobierno del PP, tanto en lo referido a que desoyó las advertencias de que podía producirse un atentado, como a lo que consideran una gestión de la masacre en clave electoralista.

El portavoz del PSOE en la comisión 11-M, Àlvaro Cuesta, sostuvo que el Gobierno del PP, nada más producirse los atentados, «pensaba más en los resultados electorales» que podían producirse el 14 de marzo que en lo que estaba ocurriendo «en unas horas tan trágicas para España».

Según los socialistas, el Ejecutivo del PP, «por razones de interés electoral, manipuló y tergiversó los datos que iba recibiendo de la policía y de las investigaciones».

La única línea de investigación desde el primer momento fue, según las conclusiones de los socialistas, la que señalaba a la autoría del islamismo radical, ya que «ni un dato de la investigación apuntaba a ETA», dijo Cuesta. El PSOE afirma que el Ejecutivo anterior infravaloró los avisos que existían desde 2001 de la existencia de un riesgo para España y no tuvo «tensión política» para reaccionar ante ellos.