El juez de instrucción número 42 de Madrid archivó ayer la causa
seguida por una supuesta agresión al ministro de Defensa, José
Bono, en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) el pasado 22 de enero, informaron fuentes
jurídicas.
Esta denuncia del PP está siendo investigada por el Juzgado de
Instrucción número 14 de Madrid, ante cuyo titular han declarado ya
en calidad de imputados el comisario jefe de la Brigada de
Información de Madrid y un inspector de Policía que actuó como
secretario del atestado policial.
La causa fue abierta tras recibir el juzgado el atestado
policial en el que se relataban los incidentes registrados durante
la citada manifestación y en ella se encontraban imputados los
militantes del PP Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz.
Las fuentes consultadas destacaron que precisamente ayer, y una
vez que el juez había decretado ya el sobreseimiento, llegó al
juzgado el escrito en el que Bono solicitaba personarse en la
causa.
La representación del PP en esta causa había solicitado el
archivo de las actuaciones y paralelamente presentó una denuncia
por supuesta detención ilegal de sus dos militantes imputados.
También ha comparecido como imputado en esta causa el inspector
jefe de Policía que interrogó a los dos afiliados y en calidad de
testigo el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Àngel
Fernández Rancaño. Además, el pasado 13 de mayo una comisión
judicial y los abogados personados en la causa se desplazaron hasta
la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid para que declararan
también como testigos el delegado del Gobierno, Constantino Méndez,
y el jefe del Grupo de Conflictividad Social.
Tras esta diligencia, el PP amplió la denuncia a los presuntos
delitos de prevaricación y falso testimonio y acusó a Méndez de
haber recibido instrucciones para detener a los dos militantes, aún
sabiendo que los hechos no eran ciertos, lo que éste niega. Por su
parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
dijo en relación con los acontecimientos que el fiscal general del
Estado, Cándido Conde-Pumpido, «tendrá que dar muy buenas
explicaciones o dimitir».
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