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La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la prisión acordada contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos el pasado 10 de enero, al apreciar indicios de que cometió un nuevo delito de pertenencia a ETA y otro de amenazas terroristas a través de los artículos «El escudo» y «Gallizo» publicados, respectivamente, el 1 y el 30 de diciembre del pasado año en el diario «Gara».

El tribunal entiende que «la simple inclusión de determinados nombres en los artículos que publica el recurrente» en el diario «Gara», «muy próximo al entorno abertzale», suponen «una seria amenaza que desde luego no puede tomarse a la ligera».

Pertenencia
La pertenencia está castigada con penas de seis a doce años de prisión y las amenazas son entre diez y quince años de cárcel, lo que implica un riesgo de fuga, que se conjugaría con el ingreso en prisión del etarra decretado en enero.

La resolución notificada, que cuenta con el voto particular del magistrado Ricardo Rodríguez, que comparte el fondo pero no la forma, ha perdido su sentido, ya que el lunes se supo que el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, concluyó la causa sin procesar a De Juana y, por tanto, decretó su puesta en libertad en estas diligencias.

De Juana sigue cumpliendo la condena de alrededor de 3.000 años de cárcel que le fue impuesta y que liquidará definitivamente la primera semana de agosto.

El auto, en el que se considera ajustada la prisión acordada en enero contra De Juana, puede ser indicativo de lo que decidirá la Sala de lo Penal cuando revise el recurso de la Fiscalía contra la decisión de Pedraz.

Por otra parte, el presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, afirmó ayer que De Juana Chaos «ha cumplido ya su pena» y emplazó a aplicar la Ley para proceder a su excarcelación, pese a que sus «pronunciamientos y acciones» sean «execrables».

Jose Jon Imaz se refirió, de esta manera, a la polémica suscitada en torno a la posible excarcelación del recluso y al hecho de que la Fiscalía haya admitido que «no puede hacer más para impedir su puesta en libertad», concluyó