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Ante la polémica sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el «caso Jarrai», en la que el tribunal considera que las asociaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) no forman parte del entramado de ETA, el Gobierno aseguró que está convencido de que la «kale borroka» se enmarca en «toda una estrategia de acompañamiento del terror de la actividad de una organización terrorista».

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quiso dejar claro desde un principio que la sentencia de la Audiencia Nacional es una decisión «jurisdiccional» y, por tanto, «adoptada y aplicada en interpretación de derecho por quien corresponde», lo que merece respeto y prudencia por parte de todos aquellos que ostentan una responsabilidad institucional. A su juicio, la sentencia «ni da la razón al trabajo del juez instructor ni a las tesis sostenidas por el Ministerio Fiscal», que cree que este tipo de organizaciones forman parte del entramado criminal de ETA.

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina ya ha presentado ante la Sección Cuarta de lo Penal el escrito que anuncia la interposición de un recurso de casación que resolverá el Tribunal Supremo, algo que podría alterar la sentencia del «caso Jarrai» según un magistrado del propio Supremo.

«Atengámonos a lo que pueda dictar el Supremo, pero seamos respetuosos en todos los casos, sin poner en cuestión la independencia de los tribunales», señaló Aguilar, para reiterar a continuación que la «kale borroka» es considerada por el Ejecutivo como parte de la estrategia terrorista y que, por tanto, debe ser perseguida penalmente «con el máximo rigor y el máximo celo».

Así, señaló que la organización juvenil Jarrai fue declarada ilegal de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos «por extensión de la ilegalización de Batasuna» en una sentencia dictada por la Sala 61 del Supremo, pero la decisión de si cada uno de sus miembros es calificable de terrorista o integrante de banda armada lo determinan los tribunales de Justicia.