Los ministros Jordi Sevilla y Pedro Solbes, durante la reunión celebrada ayer.

TW
0

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado al Gobierno que aporte, para subsanar el déficit de la financiación sanitaria, al menos 1.800 millones de euros que deberían quedar consolidados para el futuro en el sistema actual.

Esa es la principal medida que recoge la propuesta alternativa presentada por los consejeros populares en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que analizó ayer posibles soluciones al déficit sanitario.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró por su parte que el Gobierno podría hacer un «esfuerzo adicional» en la aportación presupuestaria directa que inicialmente ha planteado a las autonomías.

Solbes reconoció que se han producido aproximaciones importantes, hasta el punto de que el acuerdo con las comunidades autónomas «es más posible en este momento». El vicepresidente económico explicó además que el Gobierno ha decidido prorrogar el Fondo de Garantía, en principio, por un periodo de dos años, una medida que reclamaban tanto las comunidades del PP como las del PSOE.

Según los consejeros del PP, su propuesta, a diferencia del Gobierno, no supone incremento de la presión fiscal y en ella la aportación directa del Estado supera ampliamente la que recoge el plan del Gobierno (mil millones de euros en dos años).

El PP señala que, aunque comparte con el Gobierno la necesidad de solucionar las tensiones financieras de la sanidad, rechaza la solución propuesta por el ejecutivo porque se basa «exclusivamente en una subida de impuestos».

Además cree que el Gobierno parte de la tesis equivocada de que este es un problema de las CC AA con las que el Estado accede a colaborar. «Nos encontramos ante un problema nacional que, como tal, debe ser resuelto por el Gobierno de la Nación con los recursos con los que cuenta para hacer frente a sus obligaciones y sin apelar a nuevos impuestos que incrementen la presión fiscal».

Asimismo, el PP defiende en su propuesta que se debe mantener la claúsula de garantía de crecimiento de los recursos al menos igual que el PIB. Las cifras contenidas en la propuesta se repartirán y evolucionarán de acuerdo con los criterios en él establecidos que contemplan, además de la población protegida, su edad y el hecho insular.