Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado al
Gobierno que aporte, para subsanar el déficit de la financiación
sanitaria, al menos 1.800 millones de euros que deberían quedar
consolidados para el futuro en el sistema actual.
Esa es la principal medida que recoge la propuesta alternativa
presentada por los consejeros populares en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) que analizó ayer posibles soluciones al
déficit sanitario.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes, aseguró por su parte que el Gobierno podría hacer un
«esfuerzo adicional» en la aportación presupuestaria directa que
inicialmente ha planteado a las autonomías.
Solbes reconoció que se han producido aproximaciones
importantes, hasta el punto de que el acuerdo con las comunidades
autónomas «es más posible en este momento». El vicepresidente
económico explicó además que el Gobierno ha decidido prorrogar el
Fondo de Garantía, en principio, por un periodo de dos años, una
medida que reclamaban tanto las comunidades del PP como las del
PSOE.
Según los consejeros del PP, su propuesta, a diferencia del
Gobierno, no supone incremento de la presión fiscal y en ella la
aportación directa del Estado supera ampliamente la que recoge el
plan del Gobierno (mil millones de euros en dos años).
El PP señala que, aunque comparte con el Gobierno la necesidad
de solucionar las tensiones financieras de la sanidad, rechaza la
solución propuesta por el ejecutivo porque se basa «exclusivamente
en una subida de impuestos».
Además cree que el Gobierno parte de la tesis equivocada de que
este es un problema de las CC AA con las que el Estado accede a
colaborar. «Nos encontramos ante un problema nacional que, como
tal, debe ser resuelto por el Gobierno de la Nación con los
recursos con los que cuenta para hacer frente a sus obligaciones y
sin apelar a nuevos impuestos que incrementen la presión
fiscal».
Asimismo, el PP defiende en su propuesta que se debe mantener la
claúsula de garantía de crecimiento de los recursos al menos igual
que el PIB. Las cifras contenidas en la propuesta se repartirán y
evolucionarán de acuerdo con los criterios en él establecidos que
contemplan, además de la población protegida, su edad y el hecho
insular.
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