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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska impuso ayer fianzas de 100.000 euros a cada uno de los tres responsables de EHAK, acusados de un delito de integración en la banda terrorista ETA. José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, en cualquier caso, se negaron a declarar ante el magistrado.

Aunque la comparecencia duró casi cuatro horas, ninguno de los tres responsables de comunicación del PCTV quiso contestar a ninguna de las más de cien preguntas que les formularon tanto el abogado de la AVT como el fiscal. No trascendió el contenido del interrogatorio, pero según fuentes jurídicas la mayoría de las preguntas buscaba acreditar la continuación de las actividades de la ilegalizada Batasuna a través de la formación comunista abertzale.

Petrikorena, Gálvez y Cincuneti comparecieron ante Grande-Marlaska por la mañana y el juez les comunicó su decisión por la tarde. Los tres responsables de comunicación de EHAK tendrán que presentar una fianza de 100.000 euros cada para eludir la prisión. Tienen de plazo hasta el lunes y, mientras tanto, deberán comparecer cada dos días en las dependencias de la Ertzaintza más cercanas a su domicilio.

La decisión de Grande-Marlaska se quedó a medio camino entre lo que había solicitado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a través de su abogado, Emilio Murcia y la del fiscal Jesús Alonso. El primero pidió prisión incondicional para los tres imputados, mientras que el segundo, siguiendo el criterio de la Fiscalía General del Estado, que se opuso a la admisión a trámite de esta querella, se limitó a pedir comparecencias semanales, retirada de pasaporte y la obligación de comunicación un domicilio concreto.

Los tres imputados alegaron que su derecho de defensa estaba siendo vulnerado porque ignoraban los datos con los que se les acusaba. En un argumento parecido se basaba la Fiscalía para no pedir prisión, ya que entiende que no hay un delito concreto pero sí elementos que hay que investigar.