Las ocho organizaciones convocantes de la manifestación de este
sábado en Madrid prevén más de un millón de asistentes a la
protesta convocada para pedir la paralización del proyecto de la
Ley Orgánica de Educación (LOE) y la apertura de un proceso de
debate y negociación con «todos» los agentes de la comunidad
educativa. A su juicio, el Gobierno no se ha sentado a hablar con
todas las organizaciones para negociar la reforma.
Para informar de esta iniciativa, los organizadores (padres de
CONCAPA y COFAPA, USO, Foro Español de la Familia, Asociación de
Profesores de Secundaria, Confederación Española de Centros de
Enseñanza, Confederación de Estudiantes, Instituto de Política
Familiar, Asociación Nacional de Centros de Educación Especial y
Coalición Democrática de Estudiantes) han desplegado más de 100.000
carteles, repartido medio millón de octavillas y editado un millón
de folletos y más de 300.000 pegatinas.
Las más de 300 asociaciones adheridas a la manifestación, los
más de 500 autobuses contratados para ir a la protesta, los dos
aviones fletados desde Tenerife y Baleares y el «gran número» de
personas que llegarán en tren y coche privado avalan estas
previsiones que harán que la movilización sea «exitosa», según
explicó ayer el secretario general de la federación de enseñanza de
Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández.
Así, los convocantes de la manifestación echan «la piedra al
tejado del Gobierno», al que entienden que «le toca mover ficha».
«Es un toque de atención al Gobierno porque no es una ley de
consenso, con lo que le pedimos sentarnos a negociar», resumió este
representante de profesores, que pidió al Ejecutivo «tiempo,
cordura y sensatez» para debatir sobre los cambios del sistema.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer
que el Comité Ejecutivo nacional de su partido apoyará la
manifestación del próximo sábado. Además, confirmó que habrá
presencia de dirigentes de la organización.
El líder del PP hizo un llamamiento a su militancia para que se
manifiesten en defensa de los «principios constitucionales» y de la
«libertad de la enseñanza» en España.
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