La defensa de los agentes de la Guardia Civil detenidos este fin de
semana acusados cobrar ilegalmente a pasajeros en el aeropuerto de
Málaga recurrirá la orden de prisión de los cinco que han ingresado
en la cárcel por orden del juez. Ninguno de ellos ha prestado
declaración por ahora «debido a que desconocen la tptalidad del
proceso por el que han sido detenidos al haberse decretado secreto
de sumario», añadió un portavoz de sus defensores.
La defensa está elaborando un recurso de reforma subsidiario de
apelación para intentar que los agentes, en prisión por un supuesto
delito continuado de cohecho, sean puestos en libertad provisional.
Mientras tanto, los letrados entienden que para poder dar una buena
defensa a sus clientes debe conocer las investigaciones, y les ha
recomendado acogerse a su derecho constitucional al silencio hasta
que se levante el secreto de las actuaciones.
Según los letrados defensores de los guardias civiles, la pena
mínima que pueden serles impuesta si se demostrase que han
incurrido en un delito continuado de cohecho es de dos años, ya que
no tienen antecedentes penales y sus expedientes son muy buenos
profesionalmente.
El recurso se va a basar en que estos agentes no pueden volver a
cometer un delito de cohecho al estar apartados de empleo y sueldo
de su cargo, así como que tampoco van a eludir la acción de la
justicia por su arraigo personal y familiar.
Las fuentes de la defensa aseguraron también que los agentes
están muy preocupados por sus familias y desorientados con las
acusaciones que pesan sobre ellos: «llevan muchos años en el
cuerpo, algunos que ya están a punto de jubilarse y cuentan incluso
con medallas al mérito al trabajo», precisaron.
La investigación sigue abierta. El delegado del Gobierno en
Andalucía, Juan José López Garzón, destacó ayer la
«excepcionalidad» de la detención de un numeroso grupo de guardias
civiles acusados de un delito como el cohecho.
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