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El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretará antes del próximo 10 de abril, el procesamiento de un tercio de los 116 imputados que hay ahora mismo por los atentados del 11-M. Así lo anuncia el juez en los autos en los que dicta la prórroga por dos años más de la situación de prisión preventiva de nueve de ellos, los primeros que fueron detenidos pocos días después de que se produjera la matanza de Madrid.

Cuando están a punto de cumplirse dos años de los atentados, el juez Del Olmo está ultimando el auto de procesamiento. El magistrado anunció que se conocerá «en plazo breve, en todo caso con anterioridad al próximo 10 de abril». Por esta causa hay ahora mismo 116 imputados, de los que se procesará a un tercio por la muerte de 192 personas y las heridas a otras 1.759.

Del Olmo pone esa fecha en las nueve resoluciones que dictó este lunes para prorrogar la prisión preventiva de otros tantos acusados. En todas ellas, asegura que toma esa decisión por estar inmersos en un proceso «de gran complejidad y de especial gravedad en España», porque salvo José Emilio Suárez Trashorras, todos ellos son extranjeros y existe riesgo de fuga, y porque tienen vínculos afectivos, culturales e idiomáticos fuera de nuestro país.

El juez recuerda además que todos ellos se movían en entornos relacionados con la delincuencia, con la droga o con la falsificación de documentos, y que hay que enmarcar su actuación en «un tipo de delincuencia organizada transnacional, terrorista y con repercusión internacional». En sus autos, Del Olmo no precisa las acusaciones concretas contra cada uno de los acusados, pero sí enumera los delitos que se les imputa.

A Jamal Zougam le acusa de los delitos más graves, integración en organización terrorista, 192 asesinatos consumados y 1.759 en grado de tentativa y cinco de estragos. En ese auto y en el de Fouad El Morabit Amghar, Del Olmo explica que la investigación ha permitido descubrir «una estructura ramificada en un marco internacional, con referentes locales en España, pero también en Francia, Bélgica e Italia».

Esta red ha tenido actividad de «propaganda radical islamista», en «proselitismo de nuevos adeptos para ser enviados a zonas de conflicto como Irak» y en la creación de «células a nivel local europeo destinadas a llevar a cabo acciones terroristas», afirma el juez Del Olmo.