El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska suspendió
ayer la declaración del portavoz de la ilegalizada Batasuna,
Arnaldo Otegi, debido a la enfermedad de éste y ordenó a la
Ertzaintza que establezca un dispositivo de vigilancia en torno a
su domicilio, al estimar que existe riesgo de fuga. En un auto, el
magistrado justifica la suspensión de la comparecencia de Otegi
-que había sido citado como «inductor» de los hechos violentos
ocurridos en la jornada de huelga convocada el pasado jueves en el
País Vasco y Navarra tras la muerte en prisión de dos reclusos
etarras- «dado el proceso bronquial» que padece éste.
Grande-Marlaska advierte en el auto que esa comunicación «deberá
ser inmediata a los fines de acordar la resolución judicial que se
estime proporcional y adecuada a las circunstancias». El magistrado
explica, en este sentido, que desde el viernes Otegi ha intentado
por todos los medios impedir que se produjera su comparecencia, y
que la suspensión de ésta acrecienta el riesgo de fuga.
El juez no fija en la resolución una nueva fecha para la
práctica de la diligencia suspendida, pero ordena al médico forense
del juzgado de guardia de Eibar (Guipúzcoa) -el más próximo al
domicilio de Otegi en Elgoibar- que «se persone en el domicilio del
anterior cada doce horas, debiendo comunicar su estado y hasta el
preciso momento» en que esté recuperado. Además, «y con el fin de
garantizar» que éste comparecerá en el juzgado cuando sane
«soslayando cualquier riesgo de fuga», el juez ordena a la
Ertzaintza «que mantenga vigilancia estática continuada sobre el
domicilio de Otegi, debiendo comunicar si aquél lo abandona».
En este punto, el juez recuerda que otros miembros de Batasuna,
y cita concretamente a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu
Ternera», y Jon Salaberria, «se sustrajeron a sus
responsabilidades, encontrándose en busca y captura, tanto nacional
como internacional». Por último, Grande-Marlaska recuerda que dado
que Otegi se encuentra desde el pasado 26 de mayo en libertad bajo
fianza de 400.000 euros, y que con su actuación al convocar la
huelga el pasado jueves presumiblemente incumplió las condiciones
de ésta, podía haber acordado de oficio su ingreso en prisión, y
que si no lo hizo fue sólo para garantizar el derecho de
defensa.
En la comparecencia prevista para él, la Fiscalía iba a
solicitar el ingreso en prisión incondicional, según anunció el
pasado viernes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Fuentes del juzgado confirmaron ayer que, desde que el juez le
citara el pasado jueves, tanto Otegi como su defensa han intentado
suspender la comparecencia.
Así, el pasado viernes la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia,
comunicó a la Audiencia Nacional que este lunes tenía que asistir
en Bilbao a un juicio con jurado, a lo que el juez le respondió que
en la causa en la que se investiga la subordinación de Batasuna a
ETA hay un total de catorce abogados defensores personados, y que
cualquiera de ellos podía representarle. Goirizelaia volvió a
llamar ayer por la mañana al juzgado, diciendo en esta ocasión que
Otegi insistía en ser asistido por ella. En esa conversación, la
letrada no hizo referencia alguna a que Otegi estuviera
enfermo.
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