Por su parte el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido,
consideró ayer que con la operación «Malaya» se da respuesta a «un
clamor social que nos exigía que, de una vez por todas, limpiásemos
de corrupción el Ayuntameinto de Marbella». Según explicó, se
trabajaba en ella desde hace meses y «sabíamos que el resultado iba
a ser muy importante».
Después de que la pasada madrugada ingresara en prisión la
primera teniente de alcalde del consistorio, Isabel García Marcos,
que comparte celda con la alcaldesa, Marisol Yagüe, el titular del
juzgado número 5 de Marbella, Miguel Angel Torres, decretó ayer
también prisión incondicional para Oscar Benavente, en el marco de
la operación «Malaya», contra la corrupción en el Ayuntamiento
marbellí.
En libertad con cargos quedaron ayer el hermano de Oscar, José
Luis Benavente, el empresario Jaime Hachuel y otro posible
testaferro de Roca, Salvador Gardoqui, acusados los tres de
blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.
El debate político tras la operación «Malaya» contra la
corrupción en el Ayuntamiento de Marbella se centra en la posible
disolución del consistorio.
En declaraciones a la SER, Zarrías avanzó ayer que «se dan las
circunstancias objetivas para que el Consejo de Gobierno tome la
decisión» de proceder a la disolución del Ayuntamiento Marbellí,
cuya gestión ha sido «gravemente dañosa para los intereses
generales».
El Parlamento andaluz celebrará previsiblemente el miércoles un
debate general sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella, a
petición del PP, IU y PA, tres formaciones que abogan por la
disolución de Consistorio.
No obstante, el presidente andaluz, Manuel Chaves, ya adelantó
el pasado viernes que, «con la ley en la mano», no es posible
adelantar las elecciones, ya que el nuevo consistorio se
constituiría en su último año de mandato y la ley electoral
determina que, en ese caso, en lugar de celebrar comicios
anticipados se debe nombrar una gestora transitoria.
De los 23 detenidos en la operación «Malaya», están en prisión
la alcaldesa; la primera teniente de alcalde; el asesor municipal
de Urbanismo Juan Antonio Roca; su presunto testaferro Oscar
Benavente; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano
Rodríguez, y el empresario Ismael Pérez Peña, propietario de dos
empresas de «leasing» de vehículos.
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