«Era impensable para cualquier ciudadano de Euskal Herria
imaginarse hace 15 días que el Estado español, con el PSOE a la
cabeza, iba a responder con el chantaje y sabotaje permanente a las
expectativas de paz», afirmó Permach en una nueva rueda de prensa
que Batasuna ofreció ayer en San Sebastián. Esa respuesta, dijo, ha
sido, además del acto prohibido por Grande-Marlaska, el
encarcelamiento de dirigentes abertzales, entre ellos Arnaldo
Otegi, las «amenazas» de nuevas imputaciones a la Mesa Nacional y
las fianzas «millonarias» que impuso a los encarcelados.
Desde el Gobierno se insiste en el mismo argumento: para hacer
política hay que cumplir la Ley. Y el portavoz del PSOE en el
Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó sentado ayer que la Ley de
Partidos seguirá vigente porque sirve «de marco de referencia».
La formación ilegalizada todavía no se ha planteado cómo
responder a la prohibición del acto. Permach aseguró que primero
quiere ponerse en contacto con los partidos que se han mostrado en
contra de la prohibición para «reflexionar conjuntamente sobre cómo
dar una respuesta cualitativamente muy superior a la que hemos dado
hasta el día de hoy».
El objetivo es garantizar «la participación política en las
próximas semanas» de Batasuna y también que el partido ilegal pueda
participar «cuanto antes» en una mesa de partidos. Y dijo que, en
todo caso, ahora mismo no saben «si dentro de quince días estará
toda la Mesa Nacional en la Audiencia Nacional».
Batasuna cuenta con el apoyo de los nacionalistas vascos. La
portavoz del Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe, Miren
Azkarate, aseguró ayer que «mientras siga en vigor la Ley (de
Partidos) y el juez ordene a la Ertzaintza que debe hacer esto o
debe prohibir lo otro, no hay salida». El Partido Comunista de las
Tierras Vascas, por medio de un comunicado, aseguró ayer que los
hechos de los últimos días «no han hecho sino confirmar y reforzar
la estrategia ilegalizadora» y pidió al Gobierno la derogación
«inmediata» de la Ley de Partidos».
Alfredo Pérez Rubalcaba sentenció que la Ley de Partidos «no se
va a derogar» porque sirve de «marco de referencia» para el proceso
que se ha iniciado con la tregua de ETA. «Los dirigentes de
Batasuna tienen que pensar en Estado de Derecho y dejar de pensar
en lo que pensaban», añadió.
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