La Asociación de Víctimas del Yak-42 va a solicitar que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Luis Alejandre Sintes, y el ex ministro de Defensa Federico Trillo comparezcan como testigos en el proceso que sigue la Audiencia Nacional por el siniestro del avión en el que murieron 62 militares españoles.
Según la noticia, el equipo político del Ministerio decidió hacerse cargo de la organización del funeral, en la que no se vieron implicados ni el Ejército de Tierra ni el del Aire. Desde Defensa se negó en todo momento que se cuestionara el trabajo de identificación, hasta que en marzo de 2004 se publicó un acta de la fiscalía turca que demostraba que manos de cuatro horas antes de la repatriación casi la mitad de los 62 cadáveres estaba sin identificar.
Los afectados quieren que ambos aclaren la información aparecida en el diario 'El País', según la cual el ex titular de Defensa conoció antes del funeral que se celebró el 28 de mayo de 2003 que había dudas sobre las identidades de los cadáveres.
Leopoldo Gay, abogado de la Asociación, quiere que ambos expliquen la información publicada. Según el citado rotativo, hubo una reunión del equipo directivo de Defensa antes de los funerales. En ella, el general Alejandre propuso ir entregando a las familias los cuerpos identificados positivamente y trasladar los demás al Instituto Anatómico Forense para seguir trabajando en los procesos de identificación.
Gay anunció que pedirá la comparecencia como testigos de ambos en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Alfonso Agulló. «Si doloroso fue el accidente y la pérdida de los seres queridos, mucho más doloroso está siendo el parto de la verdad», explicó. Agulló se mostró convencido de que Trillo tiene «muchas preguntas» que responder y comprometió todo el esfuerzo de su asociación en buscar «todos los nombres y apellidos» de la cadena de mando, con responsabilidades en este asunto.
El presidente de la Asociación censuró la actuación de la juez Teresa Palacios, que lleva el caso. «Si por ella fuera, todavía tendríamos 30 cadáveres sin identificar», y recordó que la magistrada ha rechazado todas las peticiones de comparecencia que se le han presentado los afectados (entre ellas dos veces la del ex ministro de Defensa Trillo), y sólo ha actuado «de rebote» cuando la Sala de lo Penal le ha obligado a ello por los diferentes recursos.
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