Grande Marlaska y Garzón, antiguo y actual titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

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La Justicia no impedirá la reunión entre miembros del PSE y de Batasuna. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de acuerdo con la Fiscalía, que no vio motivos para anular el encuentro. El PP dijo ayer que 'respeta pero no comparte' la decisión del magistrado, mientras el Foro de Ermua sigue afirmando que denunciará ante los tribunales a los integrantes de la cita. Garzón decidió permitir la reunión entre socialistas y abertzales porque «no se observa ningún elemento que induzca a pensar que, con ella, se pretende favorecer la acción delictiva del completo terrorista dirigido por ETA, en el que se incluye Batasuna, sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose». El juez, en todo caso, pidió a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía que informe «ampliamente» y a posteriori del resultado y los asistentes a la reunión.

Batasuna, recuerda el juez, fue ilegalizada en aplicación de la Ley de Partidos, pero la iniciativa de la reunión no es de la formación abertzale, sino del PSE, «partido político legal y sin ninguna limitación diferente a la establecida por la Ley para cualquier ciudadano u organización». Por eso, añade, cualquier posible actuación debe producirse tras la reunión y no de forma preventiva. «El juez se convertiría en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático», explica. El magistrado no cree que se pueda considerar la reunión un fraude de ley, ya que, si lo fuera, no sería posible mantener diálogo alguno con cualquier persona que hubiera cometido un hecho delictivo. Garzón explica que la responsabilidad política «discurre por fuera de los márgenes de la acción judicial», que debe limitarse a la persecución de los delitos y no «más allá, imaginando contenidos que no se han producido o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder o no suceder».

El informe del fiscal coincide con el dictamen del magistrado. El representante del Ministerio Público, en base a dos informes policiales -Policía Nacinonal y Ertzaintza-, informó al juez que la medida cautelar de suspender la reunión no sólo no era necesaria, sino que «incluso supondría una restricción extremadamente grave y no justificada de las libertades de expresión y reunión de la formación política legal convocante del encuentro». Ana Pastor, secretaria de Política Social del PP, aseguró que, si se produce la reunión, el PSE estará «vulnerando el Código Penal» porque «Batasuna es ETA y el PSE va a sentarse con una banda terrorista», sentenció.