La Comisión Europea cree que la mayoría de condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la fusión de E.ON y Endesa violan la legislación comunitaria y advierte de que, si confirma su ilegalidad, el Gobierno español tendrá que retirarlas.
Según las conclusiones preliminares de Bruselas, que ya han sido notificadas a las autoridades españolas, las exigencias de la Comisión Nacional de Energía para autorizar la fusión no respetan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento.
La Comisión Europea cree que los requisitos fijados por el regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarios ni proporcionados para la protección de esa seguridad pública.
El Gobierno español tiene hasta el próximo 4 de septiembre para responder a Bruselas.
Tras recibir la notificación de Bruselas, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que la autorización condicionada de la CNE a la opa de E.ON «se ajusta a la legalidad comunitaria» y aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo esa posición ante Bruselas «porque creemos que tenemos razón».
Fernández de la Vega subrayó que las conclusiones del Ejecutivo de la Unión Europea son provisionales e indicó que Madrid y Bruselas han iniciado un diálogo sobre la cuestión.
Una vez recibidos los comentarios del Gobierno español, la conclusión final sobre la legalidad de las condiciones se tomará, probablemente, en algunas semanas, dijo el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd.
La Comisión no precisó cuáles de las diecinueve medidas solicitadas por la CNE vulneran la normativa, pues «no quiere acusar en detalle» al Gobierno español y prefiere esperar a conocer sus explicaciones.
Si las conclusiones preliminares se confirman y la Comisión solicita la retirada de las condiciones ilegales, esta decisión sería vinculante para las autoridades españolas.
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