OTR PressMadrid08/09/06 0:00
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La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer seis años de cárcel y una multa de 43,5 millones de euros para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

El proceso se inició por una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, uno de los condenados por el caso Banesto. Según el escrito de conclusiones presentado por el Fiscal ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, los imputados omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie del plan de incentivos a los directivos de Banesto.

Botín está imputado junto a ocho directivos de la entidad a raíz de las supuestas irregularidades contendidas en el plan de incentivos concedido a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998.

Estos rendimientos en especie se entregaron el 21 de octubre de 1994 y consistían en 6,1 millones de acciones «por un precio inferior al real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander», así como en la venta de acciones, en noviembre de 1996 y 1997, respectivamente, a dos directivos incorporados «mediante idéntico sistema de financiación».

Así, las diligencias de instrucción consideran probado que el Santander defraudó a la Hacienda Pública 7.740.000 euros en 1994, 690.000 en 1995, 610.000 en 1996, 460.000 en 1997 y 380.000 en 1998. En total, unos 9,88 millones de euros. Por tanto el Fiscal pide que se indemnice a la Hacienda Pública con estos 9,88 millones de euros, más los intereses de demora correspondientes a la cuota defraudada en cada periodo desde enero de 1995 hasta los días 9 y 11 de junio de 1999. Alternativamente a estas cantidades, solicita que paguen 13,33 millones euros, más los intereses de demora.

Además de Botín, están también procesados Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Juan Secades y González-Camino, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Juan Carlos Rodríguez Cantanero y José María Espí Martínez.