El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió ayer rebajar la fianza impuesta al dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, a 50.000 euros, una sustancial reducción comparada con los 650.000 inicialmente establecidos.

En su escrito el magistrado apunta la «subsistencia y confirmación» de los «indicios racionales de responsabilidad penal» que pesan sobre Otegi, que está acusado de un delito de pertenencia a banda armada. Pero acto seguido subraya que «si bien la medida de fianza pudo estar justificada en su momento para paliar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva» que son los únicos requisitos que justificarían la prisión preventiva del imputado, «lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y tras varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumplido ninguno de ellos».

Esta fianza fue la que permitió al dirigente de la formación ilegalizada eludir la prisión preventiva como imputado en el sumario en el que se investiga la presunta financiación de ETA a través de la red de herriko-tabernas.

En su resolución Garzón argumenta que no existe riesgo de que Otegi eluda a la Justicia y asegura que la nueva cifra establecida se ajusta su capacidad económica.

Además de que no existe riesgo de que Otegi evada a la Justicia, Garzón también destaca que la fianza debe ser fijada o ajustada a la verdadera capacidad económica del sujeto que, en este caso, «es notorio que no llega a cubrir los gastos que origina una fianza de esta envergadura». Teniendo en consideración todos estos factores, el magistrado presencia de Otegi en el juicio que se celebre por esta causa está garantizada «al menos hasta el momento presente», por lo que rebaja la fianza hasta los 50.000 euros.

En cuanto a las posiciones de la Fiscalía y la defensa, Garzón entiende que son «excesiva» una, e «insuficiente» la otra. La defensa había pedido al magistrado la fianza se quedara en 12.000 euros, al considerar que no existe riesgo de fuga y que la cantidad fijada inicialmente excede en mucho de la capacidad económica de Otegi. Por su parte la Fiscalía había presentado un escrito que también aconsejaba rebajar esta fianza, pero sólo hasta los 200.000 euros.