La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, decidió ayer mantener como imputado por un presunto delito de falsedad documental al jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, superior directo de los tres peritos que elaboraron el Informe del ácido bórico que relacionaba 11-M y ETA.
La decisión es totalmente contraria a la que adoptó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aunque, según fuentes jurídicas, es un procedimiento habitual en este tipo de casos mientras se realizan las diligencias de investigación pertinentes. En los próximos días, el resto de altos mandos policiales podrían declarar ante la magistrada.
El jefe de los peritos llegó a las dependencias de Plaza Castilla a primera hora de la mañana para evitar a la prensa. Durante más de tres horas, el responsable policial permaneció en el despacho de la juez Gallego, y a su salida, acompañado por varios compañeros del Sindicato Unificado de Policía (SUP) evitó las preguntas de los periodistas.
Fuentes judiciales indicaron que Ramírez respondió a «preguntas nuevas» respecto a las formuladas por Garzón y el secretario general del SUP, Felipe Brihuega, aseguró que «actuó correctamente en todo momento, siguiendo los protocolos de actuación» respecto al Informe del ácido bórico.
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