La Comisión Europea dictaminó ayer que las nuevas condiciones a la OPA de E.ON sobre Endesa, que han sido aceptadas por el grupo alemán, siguen sin respetar la legislación comunitaria, y dio al Gobierno español hasta el próximo 13 de diciembre para responder a esta decisión.
Ese día y en respuesta a varios recursos de las empresas implicadas, Industria suprimió las condiciones más polémicas, como la de obligar a E.ON a desprenderse de parte de los activos de Endesa, resolución que fue aceptada por el grupo alemán.
En su «evaluación preliminar» sobre la resolución del Ministerio de Industria que modificó los requisitos impuestos por la CNE a la operación, Bruselas dice que las nuevas medidas violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento y algunas también el de libre movimiento de mercancías.
A pesar de esta conclusión, Bruselas ha optado por no dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por este caso y, así, en vez de enviarle un «dictamen motivado» (paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE), le ha dado un nuevo plazo para explicar sus argumentos. La decisión de ayer se refiere en exclusiva a las condiciones diferentes o adicionales adoptadas por Industria el 3 de noviembre.
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