El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de consumidores, que prohíbe el redondeo al alza y facilita darse de baja de los servicios y que finalmente no incluye la constitución de un fondo de garantía de bienes tangibles. Además, la norma obliga a las compañías aéreas a informar del precio final del billete y permite que el comprador de una vivienda no tenga que suscribir la misma hipoteca que tenía el vendedor.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, señaló que el rechazo de la enmienda es «coherente» porque los fondos de garantía son normalmente aportados por las empresas y «en este caso se hablaba de fondo con dinero público».
La creación de este fondo para casos como el de las sociedades filatélicas Fórum y Afinsa fue introducida en el texto mediante una enmienda del PP que ayer fue apoyada por CiU y rechazada por el resto de los grupos.
En su intervención, Salgado subrayó que la Ley «da respuesta a problemas concretos y cotidianos» de los ciudadanos y eleva su nivel de protección jurídica al tiempo que autoriza a las administraciones a adoptar medidas para hacer desaparecer riesgos.
En la defensa de la creación de esta iniciativa el diputado popular Vicente Martínez Pujalte criticó que Salgado no hubiera hecho referencia en su discurso a los afectados de Forum y Afinsa, intervenidas judicialmente el pasado mayo, algunos de cuyos representantes asistieron al debate del Congreso.
La ministra anunció en el debate un proyecto de ley para solventar los problemas suscitados cuando las infracciones cometidas por empresas afectan a personas en una comunidad diferente a la que radica la compañía infractora y avanzó que continuará con la regulación de los centros de atención al cliente.
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