Cabecera de la concentración de ayer en Bilbao, convocada por el PNV, EA, EB y Aralar. Foto: LUIS TEJIDO/EFE

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EFE-BILBAO
Alrededor de 45.000 personas, según el Ayuntamiento de Bilbao, reclamaron ayer tarde en la capital vizcaína «el archivo inmediato de la injustificable causa penal abierta contra el lehendakari», Juan José Ibarretxe, por reunirse con la ilegalizada Batasuna.

La marcha, convocada por el PNV, EA, EB y Aralar, comenzó a las 19:35 horas en la Plaza Moyua de Bilbao con el lema «En defensa de nuestras instituciones» y concluyó una hora más tarde en la Plaza del Arriaga. Tras la pancarta se situaron los dirigentes de los partidos convocantes, con los ex lehendakaris José Antonio Ardanza y Carlos Garaikoetxea con ellos.

En tercera fila se situaron todos los miembros del Gobierno Vasco, excepto Ibarretxe, y cargos institucionales como el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa y la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, entre otros. También asistió la mujer del lehendakari, Begoña Arregi. Al término del recorrido, Ardanza y Garaikoetxea leyeron, en euskera y castellano, a un comunicado en el que calificaron de «atropello», «clara interferencia política» e «intromisión en la tarea institucional» el proceso contra el lehendakari, llamado a declarar mañana en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En el comunicado, cuya lectura fue interrumpida en diferentes ocasiones por los aplausos de los manifestantes, se criticó «la politización de la Justicia, que intenta coartar la función que corresponde a las instituciones políticas y a los representantes directos de la voluntad popular».

«Reclamamos el ejercicio de la política sin la amenaza de su judicialización» porque «una democracia se asienta en el principio de división de poderes, en virtud del cual se establece un sistema de controles mutuos», recalcaron Garaikoetxea y Ardanza, que alertaron de que «este equilibrio está siendo claramente violentado en el Estado español».

«Reconocemos la capacidad de control del Poder Judicial sobre la actuación de los otros poderes del Estado«, pero «una cosa es controlar que las actuaciones de los políticos se ajusten a derecho y otra impedir que vean seriamente limitada su capacidad de actuación».