En una extensa sentencia de 200 folios, el tribunal justifica la pena impuesta «en atención a la cantidad de explosivos ocupada y al volumen de explosivos ofrecido» por los condenados y advierte de que la ausencia de circunstancias agravantes hace «improcedente» imponer la pena máxima de ocho años que había solicitado el fiscal.
La sección octava de la Audiencia condenó ayer a Suárez Trashorras a 6 años de cárcel por tenencia, depósito y tráfico de explosivos -dos menos de lo solicitado por el fiscal- y 4 años más por venta de drogas, mientras que impuso a Toro 6 años por el primer delito y otros 5 años y 6 meses por el segundo, por su implicación en la «operación Pipol».
Esta operación contra el narcotráfico se llevó a cabo en Asturias en julio de 2001 y concluyó con la incautación de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de dinamita, similar a la utilizada en los atentados de Madrid, y 94 detonadores industriales que la policía encontró en un garaje de Avilés.
Sin embargo, reconoce que hay una «abundante» prueba de cargo en su contra, a la que se suma «un indicio más», como es que ambos se encuentren encausados en el sumario abierto por los atentados de Madrid, proceso que se iniciará dentro de 15 días en la Audiencia Nacional y en el que Trashorras se enfrenta a una pena de 38.667 años y Toro a 23.
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