El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no tuvo conocimiento previo de la misión llevada a cabo por policías nacionales en el centro de detención de Guantánamo en 2002 para identificar a posibles presos españoles porque al no haber imputados no se tenía por qué pedir autorización a ningún juez.
Garzón solicitó la extradición de los cuatro, pero Estados Unidos se limitó a expulsar a Ahmed, en 2004 y a Ikassrien, en 2005, -ambos juzgados y absueltos del delito de pertenencia a Al Qaeda- y aún no se ha pronunciado sobre los otros dos.
Fuentes jurídicas explicaron de esta forma que ningún juez tiene por qué dar su permiso a una «acción de inteligencia» en Guantánamo si no hay imputados, aunque Garzón sí fue informado después de realizarse y se le comunicó que allí permanecían recluidos un ciudadano español, el ceutí Hamed Abderrahman Ahmed, conocido como el «talibán español», y otras tres personas con causas pendientes en España.
Los otros tres eran Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif Al Banna, «Abu Anas», y Omar Deghayes.
Gracias a la identificación policial que se llevó a cabo en Guantánamo, añadieron las fuentes, se puede realizar una «imputación legal» a estas dos personas.
El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, aseguró también ayer que la misión policial en Guantánamo llevada a cabo durante el Gobierno de José María Aznar «se hizo siempre con el conocimiento» del juez Garzón, aunque dijo desconocer si hubo una autorización para ello.
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