De Juana, que llegó a la capital guipuzcoana a las 15:55 horas y comunicó su decisión de cesar en su protesta apenas noventa minutos después, había salido en ambulancia del hospital 12 de Octubre de Madrid pasadas las diez de la mañana, mientras el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se disponía a informar a los grupos parlamentarios de la resolución adoptada respecto al etarra.
En una rueda de prensa en el Congreso después de estos contactos, el ministro dijo que la decisión se ajusta «escrupulosamente» a la legalidad y que había ponderado «cuidadosamente» sus consecuencias y mostró su «convicción» de que, de no haberla tomado, el terrorista «hubiera fallecido en las próximas semanas».
«Va a cumplir su condena en un hospital vasco, y si posteriormente fuera posible, en su domicilio y siempre bajo vigilancia», afirmó el ministro, que alegó que a la hora de tomar esta decisión le han guiado «razones legales y humanitarias». En cuanto a las primeras insistió en varias ocasiones en que se trata de una medida «escrupulosamente legal», como demuestra que cuente con el visto bueno del fiscal y del juez.
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