El instructor jefe de la investigación del 11-M reconoció ayer que la Policía localizó por primera vez en 2002 la finca de Chinchón en la que supuestamente se montaron las bombas que explotaron en los trenes, aunque esto fue en el marco de otra investigación sobre islamistas.
Una investigación -dijo- que quedó en suspenso en marzo de 2003 y «a partir de ese momento deja de tener sentido ese lugar».
Este fue el dato más novedoso que aportó durante su declaración este inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía, primer testigo que comparece en el juicio y que, como el resto de policías que le sucederán, lo ha hecho amparado por el sistema de protección de testigos que impide que sea visto por el público y se conozca su identidad.
Este testigo, que declaró entre el pasado jueves y ayer, expuso además que, a pesar de que algunos de los presuntos responsables del 11-M estaban siendo investigados antes de los atentados como el suicida Serhane Ben Abdelmajid, «El Tunecino», ningún confidente perteneciente a su unidad alertó de la preparación de esta masacre.
Al igual que el jueves pasado, y a petición de la fiscal, que le solicitó un resumen, el inspector volvió a afirmar que el 11-M formaba parte de una «estrategia global» de los responsables de Al Qaeda «para derrotar la alianza» de países que invadió Irak y para ello consideraron que «hay que actuar individualmente en cada país y creen que hay que empezar por el eslabón más débil, que es España».
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