El ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera se negó ayer a revelar la identidad de la fuente policial que le informó de la existencia de un documento que recogía las supuestas vinculaciones entre ETA y el 11-M, lo que provocó que el tribunal le dedujera testimonio por un delito de desobediencia grave.
En la vigesimoprimera sesión del juicio, última antes de las vacaciones de Semana Santa, el eurodiputado del PP, preguntado por el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M sobre la identidad de quien le comunicó la existencia del citado informe, se negó a responder, tras lo que el tribunal le advirtió de que si no respondía debía atenerse a las consecuencias jurídicas.
«Estoy en disposición de aceptar las consecuencias», exclamó el testigo antes de que el tribunal se retirara a deliberar.
Diez minutos después, se reanudó la vista y el presidente, Javier Gómez Bermúdez, le comunicó que acordaban imponerle una multa de mil euros en virtud del articulo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece una multa de 200 a 5.000 euros por un delito de desobediencia grave a la autoridad y si el testigo persiste en su negativa hasta una condena de un año de prisión.
Gómez Bermúdez le rogó en varias ocasiones que meditara «tranquilamente» las consecuencias de su negativa no sólo por su condición de aforado al ser eurodiputado, sino por el problema que supone la situación en la que queda este proceso y le dijo: «Medite, se lo ruego, más allá de su postura ética y del amor que dice tener a la Policía».
No obstante, el testigo se reafirmó en su decisión y manifestó sus dudas entre si había «colisión entre la ley y la moralidad de un sujeto», aunque finalmente dijo: «Prefiero que la responsabilidad caiga sobre mí a que caiga sobre la fuente que me facilitó esa información».
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