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EFE-MADRID/BARAKALDO
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, justificó ayer las divergencias que, según el juez Baltasar Garzón, hay entre los dos informes presentados por ambos cuerpos sobre ANV, en que los respectivos servicios de información tienen fuentes, antecedentes y bases de datos distintos. Tras inaugurar unas jornadas sobre «Convivencia y mejora de la seguridad escolar», Mesquida se refirió, en declaraciones a los periodistas, a la petición hecha el miércoles por Garzón para que le fuera entregado antes de las 12:00 horas de horas un solo informe sobre Acción Nacionalista Vasca (ANV), ante las divergencias que había apreciado en los que le había enviado, por un lado, la Policía, y por otro, la Guardia Civil.

Preguntado sobre si del contenido de los mismos se puede determinar alguna ilegalidad por parte de ANV, indicó que no le corresponde a él juzgar ese asunto. Añadió que los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil están haciendo un trabajo muy intenso que van a poner a disposición de la autoridad judicial», y corresponde al Fiscal General y a la Abogacía del Estado instar las acciones judiciales que sean precisas.

«Vamos a cumplir el plazo como hacemos siempre», garantizó Mesquida quien señaló también que los servicios de información «trabajan 24 horas sobre 24 horas». El director general de la Policía y la Guardia Civil explicó que lo que ha hecho el juez de la Audiencia es pedir algunas concreciones y precisiones en relación al contenido de los informes que le habían presentado.

Por su parte, dirigentes de ANV aseguraron ayer que se presentan a las elecciones del 27 de mayo siendo fieles al proyecto, ideas, principios y estatutos que dieron lugar «al nacimiento del partido en 1930 y a su legalización en 1977» y que su objetivo no es «la continuación, ni la sucesión de ninguna formación política».

En una rueda de prensa en Barakaldo, el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, y el secretario general, Antxon Gómez, leyeron un comunicado en castellano y euskera y no permitieron preguntas de los medios de comunicación.

Los dirigentes de ANV afirmaron que se presentan a las elecciones porque «se están dando graves ataques contra las libertades políticas» y porque «la participación en democracia de todas las sensibilidades políticas es un principio irrenunciable para cualquier defensor de la misma».

Denunciaron que «ha comenzado una auténtica caza de brujas» y que se están lanzando «una sarta de mentiras, insultos y manipulaciones en contra de nuestra formación política» por parte de la «derecha cavernícola».

Subrayaron que ANV es «un partido perfectamente legal y activo» contra el que no se ha abierto «ningún contencioso jurídico por ilegalidad alguna en los últimos 30 años de actividad política, tampoco cuando el PP estuvo en el Gobierno». Sobre su financiación y capacidad económica, los dirigentes de ANV recordaron que el Gobierno del PP, cuando Mariano Rajoy era ministro de Interior, les abonó 700.000 euros por medio de la Ley de Restitución de Bienes y Derechos incautados a los partidos democráticos entre 1936 y 1939, cantidad que fue incrementada por el Tribunal Supremo.