El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha impugnado 253 candidaturas de agrupaciones electorales al estimar que «nacen de la mano de los dirigentes de Batasuna y su constitución es promovida públicamente, organizada y animada por los dirigentes y por el conjunto de la organización ilegal».
En un escrito presentado en el Tribunal Supremo minutos después de las doce de la noche por el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se solicita que se deje sin efecto la proclamación de 246 listas de Abertzale Sozialistak: una al Parlamento Navarro, once a las Juntas Generales del País Vasco y 234 de municipios vascos, navarros y del Condado de Treviño (Burgos).
Además, se impugnan otras siete candidaturas independientes, seis de Navarra -Erlain en Basaburua; Urri en Egües; Agrupación Independiente Orikain, Agrupación Txangola y Candidatura San Román de Arre en Ezcabarte; y Errazkingo Elkartea en Larrauny una de Guipúzcoa -Kimu Berri Taldea en Amezketa-.
Para la Abogacía del Estado, las candidaturas impugnadas «no son sino consecuencia» de la llamada «estrategia de desdoblamiento» entre la actividad terrorista y la política adoptada por ETA desde finales de los años 60 «para presentarse a un nuevo proceso electoral». Así, estas listas suponen «la continuación de Batasuna en la vida política, el fruto y desarrollo, por tanto, de las nuevas circunstancias derivadas de la ilegalización de HB-EH-Batasuna», añade el escrito.
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