Asimismo, el abogado de De Juana recordó que «para este supuesto se estableció el 28 de febrero que 'después de causar alta permanecerá en su domicilio, con el horario que se determine'», en referencia a la resolución adoptada por la Dirección General de Instituciones Penintenciarias.
En un artículo publicado en 'Gara' en el que empieza comentando el fallecimiento de una mujer en Nueva Zelanda porque su respirador se desconectó por no haber pagado la factura de la luz, Reizabal aseguró que a su defendido se le concedió el alta hospitalaria «que no el alta médica, pues tiene que seguir acudiendo al hospital a controlar su evolución y seguir el plan de recuperación».
Reizabal entiende «que la situación actual, lógicamente estaba prevista y resuelta de antemano, por lo que no cabe sino cumplir lo ordenado y que pase a su domicilio en la forma que se establece» y advierte de que «cualquier otra decisión supondría volver a las andadas y enredar peligrosamente un problema que podría estar en vías de solución».
Sin embargo, fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias desmintieron haber recibido ninguna notificación por parte del Hospital Donostia de San Sebastián acerca del alta hospitalaria de De Juana Chaos, de la cual aseguraron «no tener constancia». Por lo tanto, las mismas fuentes insistieron en que «no hay variación en la situación del preso, que se encuentra en régimen de prisión atenuada, y manifestaron sus dudas sobre que este fin de semana vaya a recibir alguna notificación del centro médico donostiarra, aunque en el caso de recibirla tomarían una decisión inminente sobre el futuro del recluso etarra.
Esta posibilidad de que De Juana Chaos haya podido recibir el alta hospitalaria ha suscitado todo tipo de reacciones en ámbitos tanto políticos como sociales alimentando la polémica en torno a la prisión atenuada impuesta al dirigente de ETA. Así, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se mostró a favor de mantener ese régimen de prisión atenuada tras su supuesta alta hospitalaria «por sus condiciones personales y de salud» y cuando la pena de tres años de prisión que cumple en la actualidad por un delito de amenazas responde a una sentencia que a su juicio fue «forzada».
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