El etarra José Ignacio De Juana ingresó ayer en la prisión de Aranjuez (Madrid) después de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias acordara su traslado a este centro al no haber ya riesgo para su vida y estimar que se trata del más adecuado para seguir su programa médico de curación. El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, dictó un auto en el que avala la decisión de Prisiones, tomada una vez que el preso recibió el alta hospitalaria y que ha contado también con el visto bueno de la Fiscalía. El juez considera que se ajusta al modelo penitenciario adoptado para De Juana el pasado 1 de marzo, que supuso su traslado en prisión atenuada al hospital Donostia en San Sebastián ante el peligro de que falleciera a consecuencia de la huelga de hambre que mantuvo durante más de cien días. Por su parte, la Fiscalía solicitó al magistrado que autorice a Prisiones a tomar todas las medidas médico-sanitarias necesarias, en referencia a la alimentación forzosa, en caso de que el etarra José Ignacio de Juana Chaos retome la huelga de hambre.
El etarra abandonó el centro sanitario en una ambulancia pasadas las 13:00 horas y llegó a las 18.23 horas al centro penitenciario, custodiado por la policía. El ingreso en prisión del etarra se produce al día siguiente de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijera que De Juana no sería trasladado «en ningún caso» a su domicilio cuando recibiera el alta. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, se mostró «completamente seguro» de que la decisión del Gobierno de que De Juana regrese a prisión no guarda ninguna relación con el anuncio del final de la tregua de la banda. El secretario de Estado subrayó que el Gobierno adopta sus decisiones «pensando en el interés general» y no en función de «unos delincuentes».
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, consideró que De Juana Chaos «tiene derecho a irse a su casa» y añadió que «el mismo derecho» tienen «miles de ciudadanos en este país» para «salir a la calle sin esperar a ser asesinados». El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, dijo que la situación del etarra no debería influir en el funcionamiento del Estado de Derecho «ni antes, ni durante la tregua, ni ahora». La Asociación Víctimas del Terrorismo dio las gracias «a los millones de españoles» que se opusieron a la excarcelación. Por último, Batasuna afirmó en un comunicado que el traslado del preso de ETA es «un acto de venganza política» y calificó de «escandaloso» que Rubalcaba haya justificado «sin tapujos» esta decisión porque la situación política ha cambiado, lo que supone «la guinda de la actuación gubernamental con Iñaki de Juana».
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