Para el ejecutivo comunitario, «la LUV sigue incumpliendo las directivas sobre contratación pública de la UE en varios aspectos», aseguró la Comisión a través de un comunicado, el que también constata que existe una «discrepancia» de interpretación sobre la «cuestión fundamental« de «si los PAI son contratos públicos sometidos a las normas de contratación pública de la UE«. «Las autoridades españolas mantienen que los PAI no son contratos públicos y que, por consiguiente, ni la LRAU ni la LUV infringen las directivas de la UE. La Comisión mantiene la opinión contraria«, señala.
La Comisión Europea ha denunciado entre otras infracciones, la situación de los promotores «que piden el inicio de un plan de actuación integrada (PAI), el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato, y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado, después de su adjudicación». Además, denunció que las autoridades españolas «no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE».
La actuación de Bruselas contra la legislación urbanística valenciana se inició en marzo de 2005 con una carta de emplazamiento en la que se cuestionaba la compatibilidad de la LRAU con el derecho comunitario. Tras recibir un dictamen motivado, la Comunidad Valenciana derogó la LRAU y la sustituyó por la LUV en diciembre de 2005. Sin embargo, la Comisión consideró que la nueva norma seguía vulnerando el derecho europeo y lanzó un nuevo expediente el 4 de abril de 2006 que acaba este miércoles ante el TUE.
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