El auto por el que se ordena la apertura de juicio oral contra De Urquía se limita a poner en conocimiento del CGPJ el hecho de que se ha abierto ese procedimiento como consecuencia de la posible comisión de una serie de hechos podrían ser constitutivos de delito. «Lo que sí puedo anunciar es el que los hechos están relacionados con la investigación de lo que denomina en general 'operación Malaya'», precisó el portavoz del CGPJ, que desveló parte de unas diligencias penales que están declaradas secretas «para tratar de defender y asegurar la investigación criminal».
El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la decisión de la Comisión Permanente del órgano se produjo después de ser informado de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA había abierto diligencias penales contra el juez por la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces contó con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo, que se pronunció el miércoles sobre este asunto. La ejecución de la suspensión será llevada a cabo por la Presidencia del TSJA en los próximos días.
López detalló que el CGPJ actuó en aplicación de lo previsto en el artículo 283.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina que es una causa de suspensión cautelar el haber ordenador proceder contra un juez por la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. «Esto pone de manifiesto que nuestra Justicia aplica de una forma absolutamente efectiva y eficaz al principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos ante la Ley», agregó.
En cuanto al periodo de tiempo durante el que se prolongará la suspensión cautelar del juez, López destacó que cuando se acuerda ésta por la incoación de un procedimiento penal por delitos cometidos por un juez «dura el tiempo que dure la investigación y el enjuiciamiento, salvo que hubiera una resolución posterior que aconsejara alzar esa suspensión». Según indicaron, el juez que instruye el 'caso Malaya', Miguel Angel Torres, se topó con el nombre de su compañero de juzgado por casualidad y lo remitió al organismo correspondiente.
Ante la posible comisión de uno de los delitos más graves que puede cometer un juez -prevaricación- el portavoz del CGPJ quiso realizar una llamada «a la sociedad española para que conserven su confianza en el poder judicial». «Los jueces relacionados con la comisión de delitos en nuestro sistema han sido excepcionales, podemos confiar plenamente en nuestros jueces y en nuestro sistema cuando es llamado a actuar contra jueces que han podido quebrantar la ley», sentenció López.
«Por ello queremos hacer esa llamada de tranquilidad a la sociedad española, nuestro sistema judicial goza de muy buena salud y cuenta con jueces independientes y profesionales que en su inmensa mayoría, en la casi totalidad, son jueces que cumplen todos los días con la ley y la hacen cumplir», resaltó. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, advirtió ayer de que la decisión del CGPJ pone de «manifiesto qué ha representado la trama de Gil y de sus sucesores», en alusión al difunto ex alcalde marbellí Jesús Gil.
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