Agencias14/07/07 0:00
TW
0
AGENCIAS Las madres extranjeras que accedan a la prestación económica de pago único de 2.500 euros por nacimiento o adopción, tendrán que haber vivido legalmente en España al menos los dos años anteriores a dicho alumbramiento, para tener derecho a la nueva prestación cuya remisión a las cortes aprobó ayer el Consejo de Ministros y que establece que a partir del lunes 16 de julio podrán empezar a recogerse los formularios para solicitar la ayuda.

Además, el Ejecutivo anunció la disposición de dos nuevos teléfonos para todos aquellos ciudadanos que precisen de una mayor información sobre la nueva iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según lo establecido ayer por el Consejo de Ministros, el principal objetivo de la nueva prestación por hijo es que se beneficien todas las familias que hayan tenido un hijo a partir del día 3 de julio de 2007, y se quiere que el sistema sea lo más sencillo posible.

Para ello, además de los dos únicos números de teléfono, el Gobierno ha elaborado un modelo de impreso que estará disponible a partir del próximo lunes, día 16 de julio, en las oficinas de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguiridad SocialSe pretende que la nueva Ley entre en vigor el próximo mes de noviembre, y que los que se beneficien de ella, puedan cobrar los 2.500 euros en el mes inmediatamente posterior al nacimiento del hijo o a la adopción del mismo. Asimismo, la prestación será universal y acumulativa, por lo que se sumará a cualquier otra que se perciba. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó durante la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros su preocupación por la situación de las familias y situó esta medida en el marco de otras iniciativas puestas en marcha este año, como la Ley de Igualdad y el salario básico que reciben las madres que no hayan cotizado lo suficiente. Así, De la Vega recalcó que «no hay ningún problema financiero para abordar la prestación económica» contemplada en el proyecto de Ley ni cuenta con informe negativo de la Intervención General del Estado.