La Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue muy de cerca las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV). El Ministerio Público va a pedir informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre las actividades de la formación abertzale, petición que llega cuando no son pocas las voces que exigen su ilegalización después de que ANV no condenara el atentado de ETA en Durango. De hecho, la petición de la Fiscalía tiene una doble vertiente, por un lado solicita datos sobre la no condena de la formación abertzale al atentado del viernes, y por el otro pide información sobre la actividad que desempeñan los concejales de ANV desde que tomaron posesión de sus cargos.
Intención
La intención de la Fiscalía parece evidente, recopilar datos para iniciar un eventual proceso de ilegalización contra ANV, ya que la ausencia de condena de un atentado, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es suficiente para considerarla sustituta de la ilegal Batasuna. El pasado viernes los cuatro concejales de ANV no suscribieron el manifiesto de condena que aprobó el Ayuntamiento y se limitaron a señalar que la explosión de la furgoneta-bomba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil era una «consecuencia directa» del conflicto.
Por tanto, el Ministerio Público quiere examinar la actividad de ANV, no solo en relación con el atentado de Durango y la negativa de ANV a condenarlo, sino también las que llevan a cabo sus concejales electos desde la toma posesión de sus cargos el pasado mes de junio. La iniciativa de la Fiscalía no coge a nadie por sorpresa, y ya el domingo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que Gobierno instará la ilegalización de ANV «sin dudar un segundo» en el momento en el que se tengan elementos que permitan demostrar ante los tribunales «que es parte de ETA».
Además Rubalcaba reconoció que la relación entre ANV y ETA es algo que «está encima de la mesa», aunque también quiso matizar que el Ejecutivo «no puede dar pasos en falso» en esta materia. En esta misma línea desde las filas socialistas, aunque no descartan la posibilidad de que finalmente ANV sea ilegalizada, dicen que de hacerse debe ser «con garantías y pruebas». Así lo exigió ayer el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, que advirtió que este tema «hay que tratarlo con mucha racionalidad, sentido común y cabeza fría» y no «en base a las vísceras o a intencionalidades políticas de uno u otro signo».
En este sentido, el dirigente socialista recordó que la jurisprudencia del Constitucional «no establece una ilegalización automática, ni mucho menos, porque no se haya producido una condena», aunque sí reconoció que la condena del atentado supone «un indicio más» que puede contribuir a que los jueces pongan en marcha el procedimiento de ilegalización.
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