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El PP asegura que existen «decenas» de pruebas que vinculan a Acción Nacionalista Vasca con ETA y Batasuna y que avalan su proposición no de ley, registrada ayer en el Congreso, para que se proceda a la ilegalización de ANV y a la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna.

Según el texto de esta iniciativa, anunciada el jueves por el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, son «decenas» las pruebas que relacionan a ANV con la estrategia de ETA y Batasuna, a resultas de lo cual es necesario proceder «de inmediato» a la ilegalización de dicho partido.

«La acumulación de indicios y pruebas comienza ya a ser más que evidente», insiste el PP, que alerta, además, de que en los municipios donde gobierna ANV se ha empezado a «financiar» a organizaciones de apoyo a los presos de ETA y se han llevado a cabo, o se han intentado llevar a cabo, homenajes a determinados terroristas. Todo ello le lleva a concluir que no se trata de una mera negativa de ANV a condenar la violencia, sino de la «acumulación» de una serie de actividades que son más que «suficientes» para iniciar el procedimiento de ilegalización.

No obstante, precisa que esta ilegalización sería «insuficiente» si no va acompañada de la disolución de los 42 ayuntamientos donde ANV ostenta la alcaldía y desde los que, según el grupo popular, están secundando «las directrices de ETA» y dirigen toda su actuación a «prestar apoyo» a la organización terrorista.

La exposición de motivos refleja la trascendencia que tuvo la Ley de Partidos en la lucha contra ETA y hace notar que, después de la llegada del PSOE al Gobierno, se produjo un «cambio» en la política antiterrorista, gracias al cual el PCTV pudo presentarse a las elecciones al Parlamento vasco de abril de 2005.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que al Ejecutivo «no le temblará la mano a la hora de aplicar la ley» en el marco del Estado de Derecho, pero advirtió de que «para actuar contra la sinrazón hay que utilizar la razón».

Fernández de la Vega respondió así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si el Ejecutivo apoyaría la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso, en la que se plantea la disolución de los Ayuntamientos gobernados por ANV, utilizando, como base jurídica, la ley de régimen local.