Por primera vez en la historia de la democracia el Gobierno ha decidido ejercer su derecho de recusar a magistrados del Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros acordó ayer, a propuesta del Ministerio de Justicia, facultar al abogado general del Estado, Joaquín Fuentes de Bardají, para que plantee la recusación de los magistrados conservadores del TC Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata en el debate del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley Orgánica del Alto Tribunal (LOTC). En su escrito, Bardají argumenta que ambos magistrados están «contaminados» para resolver sobre la LOTC, pues el pasado mes de junio ya manifestaron su «más profunda discrepancia» con la norma que deben debatir.
Durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la decisión fue adoptada por el Ejecutivo tras analizar un informe realizado por la Abogacía del Estado sobre el recurso de inconstitucionalidad, que estima que ambos magistrados, quienes en su día manifestaron por carta una profunda discrepancia con la LOTC, que ahora debe discutir el TC, «ha incurrido en causa de recusación porque prejuzgaron el objeto de litigio».
«La imparcialidad del juez no es sólo garantía para las partes, sino para la autoridad y prestigio de los tribunales, autoridad y prestigio que en una sociedad democrática descansa en la confianza que los ciudadanos depositan en la imparcialidad de sus jueces», argumentó De la Vega.
La importancia de esta recusación radica en el equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el Alto Tribunal de cara al estudio de recursos clave en el terreno político, como los promovidos por el PP contra el Estatut o la Ley de Igualdad.
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