El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, pasó ayer por uno de los días más difíciles de su vida ya que, a la tensión del debate presupuestario, se añadió que conoció la noticia en el hemiciclo de la muerte de su hermano menor. Fotos: PACO CAMPOS/EFE

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El Gobierno consiguió ayer allanar el camino para la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, al lograr los apoyos suficientes para que se rechazaran las seis enmiendas a la totalidad que pedían la devolución de estas cuentas.

Con un total de 177 votos -los de todo el grupo socialista, junto con el PNV, el BNG, CHA, el ex diputado del PP Joaquín Calomarde y el parlamentario de Nueva Canarias Román Rodríguez- se rechazaron las seis enmiendas a la totalidad, votadas en bloque. Los 168 votos de los partidos que enmendaron -PP, CiU, ERC, IU, CC y EA-, junto con el de Nafarroa Bai, no fueron suficientes para devolver las cuentas al Gobierno, , mientras que hubo una sola abstención, la del diputado de ICV.

En el debate de ayer, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se enzarzó en una discusión con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, sobre la herencia que dejaron los anteriores gobiernos popular y socialista, y mientras para el presidente del PP «la mejor» herencia fue la de su partido, el vicepresidente le pidió que reconociese que los datos de ahora son «mucho mejores» que los que dejó el Gobierno de Aznar en 2004.

Rajoy, por su parte, volvió a tildar de «electoralistas» estos presupuestos, con los que, dijo, el Gobierno «tira de la chequera» para «ocultar su fracaso político» en esta legislatura. El líder del PP apuntó que para los socialistas las cuentas son un «instrumento electoral» con medidas «dispersas» y «precipitadas», mientras el PP los elaboraba pensando en el interés general.

Rajoy criticó el «esperpento» al que se ha llegado en las inversiones del Estado y su reparto autonómico, que es «indescriptible», y añadió que la asignación obligatoria de estas inversiones a determinados territorios por mandato estatutario es un ejercicio de «dudosa constitucionalidad».