Cuando se cumple un año con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, los socialistas y los grupos minoritarios han decidido pasar a la acción. PSOE, CiU, ERC, IU-ICV, PNV y Grupo Mixto firmaron ayer una declaración conjunta en la que dan un ultimátum al PP de quince días para que cese su «sectarismo antidemocrático» y vuelva a la mesa de negociación para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, los populares insisten en que el PSOE es el «responsable único» de que no haya acuerdo en torno al CGPJ y le exigieron a los socialistas que se dejen de «niñerías» y «vodeviles».
En el Gobierno no extraña la negativa del PP a continuar las negociaciones para la renovación del CGPJ. A juicio del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el partido que lidera Mariano Rajoy «está muy a gusto con este Consejo, tiene una mayoría que ha calificado de legítima tantas veces que les sonará a repetido».
Mientras, los portavoces de seis grupos parlamentarios (PSOE, CiU, ERC, IU-ICV, PNV, ERC y Grupo Mixto) comparecieron en rueda de prensa tras mantener una nueva reunión ayer para tratar la renovación del CGPJ, que justo ayer cumplió un año en funciones, y a la que el PP ya había anunciado que no acudiría. Dada la posición de los populares, el resto de partidos implicados en estas negociaciones decidieron firmar una declaración conjunta en la que responsabilizacn «única y exclusivamente» del fracaso de las negociaciones y de tener sumido al CGPJ en una «grave situación de bloqueo» al PP.
A juicio de estos seis grupos parlamentarios, este comportamiento responde a su «conducta sectaria y antidemocrática», al tiempo que consideran «lamentable» y «contrario a las prescripciones de la Constitución» la situación del CGPJ, con «dañinas consecuencias» tanto para la Administración de Justicia como para los ciudadanos. Además, los partidos asumen que la renovación es «responsabilidad» de las Cortes, expresan su «disposición inmediata a proponer y acordar candidatos» siguiendo criterios de «pluralidad política y profesional», al tiempo que asumen la tesis de las asociaciones judiciales en torno a la urgencia de la renovación.
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