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OTR PRESS/MADRID
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer la reapertura de la investigación relativa a la contratación del Yakovlev-42, siniestrado en Turquía en mayo de 2003 con 62 militares españoles a bordo, «las familias de los militares fallecidos merecen un acto de justicia».

Se estima así el recurso presentado por los familiares de los soldados, que regresaban de una misión en Afganistán, contra el archivo de la causa que estipuló el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, al que la Sala de lo Penal acusa de precipitación, «con las nefastas consecuencias que hubiera tenido para la causa» de no haberse interpuesto los recursos.

La decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que preside Javier Gómez Bermúdez, supone un varapalo para Grande-Marlaska, que en junio ordenó el archivo libre de la causa, alegando que ningún funcionario de Defensa tenía la obligación de verificar si el avión se encontraba en perfecto estado de mantimiento.