Ibarretxe: «El Estado está rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la Transición»

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha leído la declaración en una comparecencia extraordinaria tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, arropado por la mayoría de los miembros de su Ejecutivo, en la que ha analizado el fallo del Tribunal Supremo contra Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, por su negativa a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, En su intervención el lehendakari ha denunciado que la sentencia es «muy grave y preocupante» y ha señalado que «ni la entendemos ni la aceptamos» porque, a su juicio, los condenados no han cometido ningún delito, sino que han defendido la autonomía del Parlamento Vasco.

Ibarretxe ha insistido en que «sólo el principio de respeto entre instituciones y pueblos, entre Euskadi y España, puede servir de modelo de convivencia para el futuro» y ha sostenido que ante la actual situación va a dar la «palabra al pueblo» para que sea posible una «respuesta democrática a todo este sinsentido».

A juicio del Gobierno Vasco, la sentencia del Tribunal Supremo «pone en absoluto entredicho la autonomía política del Parlamento Vasco» y el propio autogobierno que, «de forma legítima e histórica, le corresponde a este país».

Ha acusado al Estado de no respetar las reglas «que esta sociedad acordó» y de estar devaluando el autogobierno «hasta límites insospechados», ya que hay un porcentaje de la sociedad que «tiene impedida su capacidad de voto, en contra del derecho al sufragio universal».

También porque «las máximas instituciones y los representantes más cualificados de esta sociedad estamos perseguidos judicialmente».
El lehendakari, en nombre de su Gobierno, ha dicho que la sentencia del Supremo «es un acto más de la labor que inició el PP y el PSOE, por un lado, y Batasuna, por otro, cuando echaron a Atutxa de la Presidencia del Parlamento».

Por su parte el Gobierno ha mostrado su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo, mientras que la mayoría de la clase política, inluido el PSE-EE, ha criticado la decisión, a excepción del PP y el colectivo Manos Límpias, que fue la que llevó la acusación particular.