De izquierda a derecha, Antonio Camacho, Pilar Giménez, José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón. Foto: REUTERS

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La Caixa y Caja Madrid Bolsa fueron consideradas responsables subsidiarias del agujero creado en la agencia de valores Gescartera, cuyo dueño, Antonio Camacho, fue condenado a 11 años de cárcel, la pena de prisión más alta impuesta ayer por el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el caso.

La sentencia, de 590 folios, que será recurrida ante el Tribunal Supremo al menos por las dos entidades y los 8 condenados, fija unas indemnizaciones a los afectados por importe de 87,99 millones de euros, a los que hay que añadir los intereses desde que se intervino la agencia de valores, el 14 de junio de 2001.

Esa cifra se sitúa en la banda alta de la responsabilidad civil subsidiaria calculada para La Caixa y Caja Madrid Bolsa por la Fiscalía Anticorrupción, representada por Vicente González Mota, que también había pedido para Camacho los 11 años de prisión (8 por apropiación indebida y 3 por falsedad documental).

Los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que enviaron ayer mismo a Camacho y a otros cuatro condenados a la prisión de Soto del Real ante el riesgo de fuga, argumentan que los condenados «colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes».

Por ello, además de Camacho, el tribunal ha impuesto una pena de cárcel al número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, para quien dictó un total de 10 años y medio de prisión.

Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios, sociedad vinculada a Gescartera, fue condenado a nueve años por apropiación indebida y falsedad documental.

El apoderado y subdirector general Francisco Javier de la Sierra Flor también fue condenado, en su caso a seis años y medio de prisión por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en seis años al ser cooperador necesario.