El Gobierno ha decidido poner en manos de familias y empresas españolas más de 10.000 millones de euros para hacer frente a la desaceleración económica que vive el país. Para eso ha planteado un importante plan de choque que ayer se dio a conocer tras el primer Consejo de Ministros de la Legislatura que incluye como medidas estrellas la ampliación gratuita para todos los españoles del plazo de pago de la hipoteca.
También promoverá de manera urgente los acuerdos necesarios para suprimir los gastos registrales y notariales.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó ayer el primer paquete de medidas que el Consejo de Ministros ha diseñado para reactivar la economía nacional.
El plan, que el vicepresidente calcula que tenga un impacto de medio punto de crecimiento sobre la economía nacional, se ha elaborado con el objetivo de «impulsar la economía española en una época de menor crecimiento, garantizando liquidez en el mercado al tiempo que se ayuda a familias y empresas».
Entre las principales medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encuentra la posibilidad de que las familias amplíen sin costes el plazo de amortización de sus hipotecas sobre primera vivienda, reduciendo así la cantidad que mensualmente pagan al banco, a pesar de que en un principio se había anunciado que sólo afectaría a los hogares con más dificultades.
Solbes aclaró que este iniciativa entrará en vigor en el próximo mes de mayo y tendrá una duración máxima de dos años.
Protegida
Uno de los sectores que recibirá más ayudas en el nuevo plan elaborado Gobierno socialista es el de la construcción y específicamente en lo referido al apoyo a vivienda protegida.
Así, se incrementan en 2.000 millones de euros de los avales del ICO para la titulización de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida.
Además, se convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda, con el fin de analizar las medidas que permitan alcanzar el objetivo, fijado para el medio plazo, de 150.000 viviendas protegidas al año.
En el área de la construcción también se mejora en el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones de edificios.
Así, las obras realizadas en un edificio se considerarán rehabilitación cuando su coste supere el 25% del precio de adquisición del inmueble, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo.
De este modo, un mayor número de obras se podrá beneficiar de una fiscalidad más beneficiosa, ya que podrán recuperar el IVA soportado, y se estimulará la actividad en el sector de la construcción.
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