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El juez Baltasar Garzón ordenó ayer prisión incondicional para la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV), por los delitos de colaboración con banda armada, desobediencia a la autoridad judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares, y advierte al resto de cargos de ANV que estudiará su eventual responsabilidad.

Según el juez, la alcaldesa se ha implicado en el desarrollo de la estrategia común para contribuir a los fines de la organización terrorista. El auto de prisión considera «claro» que ha incumplido «expresamente» el auto de suspensión de ANV, del 8 de febrero.

El juez, que no excluye imputarle también un delito de integración en organización terrorista, considera que la alcaldesa «ha ido más allá» de la «mera y puntual» aceptación de los postulados de Batasuna, Ekin y ETA y ha pasado a desarrollar una actividad «intensa» en la colaboración de los objetivos de la banda terrorista.

Garzón sostiene que la «voluntad rebelde» de la alcaldesa con respecto al cumplimiento de la suspensión de ANV se ha constatado en actuaciones como la rueda de prensa del pasado 23 de abril en la que Galpasoro, junto a los alcaldes de Hernani e Igorre anunciaron que presentarían contramociones en respuesta de las mociones «éticas» del PNV para exigir la condena del terrorismo.

Para el magistrado, esa «voluntad rebelde» no sólo es atribuible a ella sino que la tienen «todos, en todos los Ayuntamientos que controlan», en referencia a todos los cargos de ANV, y así lo van a hacer respondiendo a un «impulso común» que procede de una decisión adoptada de forma conjunta, según señala en el auto. Así que el juez no descarta actuar contra otros componentes de ANV, «cuya eventual responsabilidad se analizará aparte».

Garzón entiende que Galparsoro fue la primera en llevar a cabo esa estrategia común al plantear en su Ayuntamiento una moción alternativa contra la presentada por el PSE/EE y el PNV en la que se exigía dimitir a los concejales que no condenaran la violencia.