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El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, negó ayer que exista un colapso en la Justicia, aunque admitió que existe un retraso en los juzgados de ejecutorias penales, que serán objeto de un seguimiento continuo por el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En rueda de prensa, el ministro Bermejo se pronunció sobre el informe reciente del Servicio de Inspección del Poder Judicial que aborda la situación de los Juzgados de Ejecutorias penales de toda España y explicó que el proceso de ejecución es el «más lento por excelencia». Según las estadísticas del CGPJ, existen 400.000 asuntos penales que están en trámites de ejecución, de los que según el citado informe, 269.405 corresponden a juzgados especializados en ejecutorias penales.

El titular del Ministerio de Justicia insistió en que no hay «caos» porque no es una regla generalizada y recordó que en 2006 ingresaron 343.431 sentencias y se resolvieron 414.957, quedando en trámite de ejecución 417.420 mientras que el año pasado entraron 348.597 y se resolvieron 425.850, quedando en trámite de ejecución 403.591.

«Lo que debe alarmarnos es que una Justicia raquítica no debe dejar que exista un retraso injustificado», dijo el ministro, que añadió que hay órganos que han tenido «severos» problemas, y es en esos casos en los que tiene que intervenir la inspección.

Debido a los niveles de pendencia «por encima de lo deseable» registrados por estos juzgados, la comisión permanente del CGPJ ha encomendado a su servicio de Inspección que realice un seguimiento continuo de estos órganos.

La comisión permanente también ha acordado remitir el informe a la comisión de organización y modernización judicial para que analice las medidas de refuerzo que ya se aplican en estos órganos y estudie su ampliación a otros.