El magistrado conservador del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo falleció ayer en Villaviciosa de Odón (Madrid) a los 65 años de edad. García-Calvo, promovido por el Partido Popular para el Tribunal Constitucional, fue elegido en octubre de 2001. García-Calvo fue uno de los magistrados recusados por el Gobierno junto a Jorge Rodríguez-Zapata y que, al estimar el Constitucional la petición, fue apartado el pasado mes de marzo del recurso del PP contra la Ley Orgánica de este órgano (LOTC).
Roberto García-Calvo Montiel nació en La Bañeza, León, el 14 de junio de 1942. Licenciado en Derecho y Fiscal, fue número uno de la XVII Promoción de la Escuela Judicial el 23 de julio de 1968, ingresando en la Carrera Fiscal.
Siendo Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, fue designado en 1971 presidente del Tribunal Provincial de Amparo de dicha ciudad. El 10 de abril de 1976 fue nombrado por S.M. el Rey, Gobernador Civil de Almería, cargo en el que permaneció hasta mediados de 1977 en que presentó su dimisión, reincorporándose a la carrera judicial como Magistrado de Trabajo de Guadalajara.
Del 7 de marzo de 1989 a 1990, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP). Ha sido el único miembro de ambas carreras que ha ejercido como vocal de dicho Consejo. Desde 1990 ejerció como fiscal del Tribunal Supremo hasta el 25 de octubre de 1995 en que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal Supremo, sustituyendo a Marino Barbero.
Su muerte cambia el correlato de fuerzas dentro del Alto Tribunal, ya que representaba el ala más opuesta a temas tan controvertidos como el Estatut de Catalunya y la Ley del matrimonio homosexual, en línea con las tesis del Partido Popular.
García-Calvo era uno de los puntales en la lucha contra el Estatut. Actualmente, estaba preparando un voto particular discrepante contra la sentencia en la que el Tribunal Constitucional avalaba la constitucionalidad de la ley de violencia de género. García-Calvo estaba de acuerdo con la constitucionalidad de la ley, pero no con los argumentos de la sentencia.
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