Solbes prevé negociar la financiación de forma bilateral con todas las autonomías

En la primera reunión de la legislatura del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, anunció a los consejeros autonómicos que en breve abrirá una ronda de contactos bilaterales para conocer sus puntos de partida. El anuncio fue bien acogido por los representantes autonómicos, aunque señalaron que llega tarde.

Uno de los objetivos que debe tener el nuevo sistema es garantizar, según Solbes, que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales, si bien destacó que antes habrá que definir cuáles son éstos.

Tras la reunión del CPFF, los representantes autonómicos explicaron a los periodistas que la intención del Gobierno es acordar el modelo en los próximos meses para que entre en vigor en enero de 2009. La negociación, dijo Solbes, no debe dilatarse en exceso y se iniciará de manera inmediata de forma bilateral para conocer las propuestas de las autonomías.

Segunda ronda
Con el análisis de todas ellas, el Ministerio realizará una propuesta que servirá de base para el modelo y abrirá de nuevo otra ronda de contactos con las comunidades antes de presentar el documento al CPFF.

Para Solbes, la reforma del sistema es «urgente», sobre todo para «eliminar» la indeterminación que se ha creado en los últimos tiempos.
El vicepresidente reconoció la «obligación» de «intentar» cumplir la fecha del 9 de agosto que fija el Estatuto de Cataluña para acordar la financiación, pero señaló que además del texto catalán, existe la «necesidad de negociar con todos los demás». Se trabajará tomando en consideración esa referencia, pero «no es la única», reiteró Solbes, quien recordó que otras comunidades además de la catalana también fijan en su estatuto su financiación. El Gobierno quiere trabajar al «mayor ritmo posible», enfatizó.

Según Solbes, es necesario garantizar que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales, si bien deberá definirse antes cuáles se consideran así.

Además, el modelo deberá garantizar que todas las autonomías puedan financiar sus competencias e introducir correcciones al modelo actual según la evolución poblacional.